Miles de chavales se quedan sin sus actividades extraescolares en la Comunidad de Madrid

Miles de alumnos se beneficiaban de las actividades extraescolares gratuitas que ofrecían colegios e institutos de la región gracias a las subvenciones del Gobierno regional. Actividades que, según denuncian desde el sindicato FETE-UGT, o bien han dejado de prestarse o lo harán en breve a lo largo de este mes.

Un buen ejemplo de este recorte son los 46 centros de la capital (41 colegios públicos y concertados y 5 institutos) adscritos al programa Madrid-Compensatoria (que gestiona el Ayuntamiento de Madrid con fondos de la Consejería de Educación), en los que desde enero no se brindan con regularidad las actividades extraescolares a unos mil alumnos. Es más, los directores de los centros han recibido una circular municipal en la que informan de que no será hasta "después de Semana Santa cuando se retomen las clases extraescolares".

Los niños que acuden a estas actividades (animación a la lectura, técnicas de estudio, informática y apoyo, entre otras) han visto cómo su frecuencia ha disminuido desde enero (de tres a un día por semana) o han desaparecido.

Y todo porque el contrato de las empresas adjudicatarias terminó en diciembre y a día de hoy aún no se han adjudicado los nuevos, según corroboró el propio Ayuntamiento de la capital.

Según el Consistorio, los talleres extraescolares suspendidos "se reanudarán a la mayor brevedad", aunque no explica a qué se debe el retraso de un trimestre. La Consejería de Educación, que otorga esta subvención, asegura que la destinada para el programa Madrid-Compensatoria se entregó en la fecha estipulada. La Comunidad afirma que la suspensión de los talleres depende del Ayuntamiento.

Por su parte, algunos padres afectados aseguran que el pasado 11 de enero recibieron un comunicado de los centros anunciando la suspensión "con los problemas de organización de horarios que eso puede ocasionar a una familia", explican.

Menos campeonatos

Los deportes extraescolares son otros de los damnificados por la política de austeridad que se ha instalado en la Administración Pública.

Tanto que la Consejería de Deportes ya ha comunicado a los centros que participan en los Campeonatos Escolares (más de 400 y 20.000 alumnos) que este curso terminarán un mes antes, "a mediados de abril", explican desde la Consejería. El fin de los Campeonatos Escolares supone también la finalización de los monitores que imparten las clases extraescolares de deportes.

Para la Fapa Giner de los Ríos, el problema reside en que los recortes se practican "sobre la partida de educación y no sobre otras más superfluas".

Recortes educativos

Educación ya fue el curso pasado una de las grandes perjudicadas por los recortes, en especial por los aplicados a su partida en los presupuestos regionales. De entrada, el Gobierno regional retiró la gratuidad de la escuela infantil para los más necesitados (ahora cuesta 45 euros al mes). Antes, en abril de 2009, se retiraron las becas de libros a primero de Infantil, medida que perjudicó a los 54.000 niños de esta etapa escolarizados en la región, y que perdieron 65 euros de media.


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Asociaciones de padres y educadores reclaman libertad para la educación sexual

Un total de 143 asociaciones denuncian que el Gobierno pretende, según recoge el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), enseñar en las escuelas "su moral sexual" y el aborto, lo que supone en su opinión "una intromisión clara del Estado".

Durante la presentación del manifiesto, que se titula «El derecho de los padres a decidir la educación sexual de sus hijos», la presidenta de España Educa en Libertad, Marisa Pérez Toribio, señaló que con las medidas que propone el Ejecutivo "se deja al margen a los padres y se pretende imponer la moral sexual y la ideología del Gobierno". "No nos oponemos a la educación sexual, pero no estamos dispuestos a dejar en manos del Estado este tipo de formación que, además, afecta a las condiciones morales", añadió Pérez Toribio.

Por su parte, el presidente de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera, apuntó que la intención de los poderes públicos "choca con la neutralidad de los colegios públicos y con el ideario de los privados y concertados". También el secretario general de Profesionales por la Etica, Fabián Fernández Alarcón, criticó la medida y añadió que "no corresponde al Estado determinar conforme a qué criterio ha de educar a los niños". "Se quiere enseñar a los niños qué es un aborto y que es un derecho suyo", denunció.

En el manifiesto, las entidades señalan que el capítulo educativo de la nueva legislación sobre aborto "es un paso más en el proyecto ideológico y cultural de transformación de la sociedad y que, como ya sucede con Educación para la Ciudadanía (EpC), vulnera de lleno el derecho de los padres". Asimismo, el documento se dirige a las administraciones educativas, a los padres, a los centros educativos con ideario propio y a los de la red pública para pedirles que "rechacen de plano la intromisión estatal en el ámbito de las libertades individuales".


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La justicia andaluza permite la segregación por sexos en las aulas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) permitirá, hasta que emita una sentencia definitiva, que siete colegios católicos concertados de Sevilla continúen separando por sexos a sus alumnos. La Consejería de Educación había ordenado retirarles la subvención el próximo curso si no pasaban a ser mixtos.

Victoriano Valpuesta uno de los tres magistrados, junto a Eloy Méndez y Guillermo del Pino, que firman el auto que deja en suspenso la decisión de la Junta ya había parado el primer intento andaluz de evitar la separación por sexos, iniciado hace 10 años. Valpuesta, quien también permitió la objeción a la asignatura Educación para la Ciudadanía, tumbó hace tres años esa orden.

La Junta inició el segundo movimiento tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Educación, que prohíbe la discriminación por sexos (artículo 84.3), y de una sentencia del Tribunal Supremo, ante un recurso de Castilla-La Mancha, que autoriza a las comunidades autónomas a negar dinero público a los centros segregadores.

Los colegios católicos se mostraron satisfechos por la decisión del TSJA y abogaron por pactar una solución negociada.


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Los profesores de madrid serán autoridad publica

Los profesores de los centros educativos madrileños tendrán condición de 'autoridad pública', según ha afirmado la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el discurso inaugural del Debate sobre el Estado de la Región. Para ello se llevará a la Asamblea la Ley de Autoridad del Profesor, lo que reforzará al docente, de modo que las faltas contra ellos tengan una consideración más grave.

Tras conocer la propuesta de Aguirre, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha afirmado hoy que la propuesta de ley de la presidenta de la Comunidad de Madrid para otorgar a los docentes la condición de autoridad pública , como los jueces o inspectores de Sanidad, hay que contemplarla con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener. "No seré tan frívolo como para descalificar una propuesta que supongo que está llena de buena intención, pero yo creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la comunidad para algo así como dotar de autoridad penal a los profesores", ha dicho en declaraciones a los medios.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España, casi un año antes de la medida anunciada hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid

En la instrucción remitida el año pasado se aconsejaba a los fiscales considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no en los concertados ni privados. La distinción se basa en que los empleados de las concertadas no tienen la condición de funcionarios públicos.


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