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jueves 22 de abril de 2010

El Pacto de Educación incluirá la obligación de dominar el castellano

El Pacto de Educación incluirá finalmente la obligación de dominar perfectamente el castellano al final de la Educación Secundaria Obligatoria además de las otras lenguas cooficiales del Estado en aquellas comunidades que las tengan.

El documento, que presentará el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, este jueves, incluye además una memoria económica para los tres próximos años que prevé un presupuesto 1.570 millones de euros entre 2011 y 2013.

Entre otras medidas, también recoge asuntos "fundamentales", en opinión de los sindicatos, como la prórroga de la jubilación anticipada docente y el estatuto del profesorado.

El ministro ha anunciado que dará a los grupos de la oposición un plazo de 15 días para que analicen "minuciosamente" el texto final de propuestas para el pacto educativo y fijen sus posiciones definitivas sobre el acuerdo.

Gabilondo ha dicho que en el texto del Pacto por la Educación, con 12 objetivos y 148 acciones para combatir el fracaso escolar, no se va a encontrar "el programa político de ningún partido en el texto" y que es "compatible con las posiciones" de cada uno de ellos.

Educación ha presentado en los últimos meses dos borradores. Entre las primeras medidas que se incluyeron en el primero, a finales de enero, estaba la transformación de 4º de la ESO en un curso de carácter orientador con dos perfiles, uno dirigido al Bachillerato y otro, a la Formación Profesional.

En un segundo texto, a finales de febrero, Gabilondo propuso reformar 21 artículos de la Ley Orgánica de Educación, para alcanzar el Pacto de Estado. Entre las medidas nuevas incluía la necesidad de que las leyes educativas fueran aprobadas por 3/5 del Congreso para evitar que al llegar al Gobierno cada partido cambiara la ley, como ha pasado en los últimos 30 años.

El ministro, en declaraciones a los medios antes de reunirse con representantes del Consejo Escolar del Estado, ha considerado que aunque la situación no es fácil y en su departamento no se sienten "eufóricos", sí existe confianza en los partidos políticos, agentes sociales y en las representaciones de las comunidades autónomas.

Con todos ellos se va a reunir a lo largo de este jueves para lograr un acuerdo definitivo en torno al Pacto Social y Político por la Educación.

Ángel Gabilondo ha dicho que si se hace un debate distinto al del sistema educativo y se empieza a discutir sobre el concepto de Estado, las autonomías, las transferencias, las competencias o las ideologías será "difícil llegar a un acuerdo" y ha hecho un llamamiento a todos para ser capaces de estar a la altura de este momento.

Gabilondo ha insistido en que el que verá este jueves con los diversos sectores "es el texto del máximo consenso posible" al que han sido capaces de llegar y que desde ese punto de vista tiene ese "carácter definitivo".

Las propuestas del texto son "realistas y viables", ha añadido. "Es un paso, no es la panacea para el sistema educativo, un paso muy importante para la educación en nuestro país que alcancemos este acuerdo", ha dicho Gabilondo.

El titular de Educación está manteniendo este jueves la ronda de reuniones con todos los sectores educativos por separado, (Mesa de la Comunidad Educativa, Conferencia Sectorial de Educación, Mesa del Diálogo Social y la Mesa de Partidos Políticos) para debatir con ellos el documento final del pacto por la educación. A partir de ese momento tendrán un plazo de 15 días para que puedan decidir "claramente su posición".

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jueves 17 de diciembre de 2009

pacto por la educacion

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, inaugurará esta tarde un encuentro sobre el Pacto educativo organizado por la Secretaría de Educación y Cultura del PSOE, que tendrá lugar en la localidad segoviana de La Granja hasta este viernes.

Al evento asistirán los responsables educativos de las federaciones socialistas, los portavoces parlamentarios y autonómicos del partido y representantes del Ministerio, según el PSOE.

Su objetivo será analizar el desarrollo del Pacto por la educación que impulsa el gobierno y debatir sobre otros aspectos de la actualidad docente española.

Junto a Gabilondo inagurarán el encuentro la secretaria de Educación y Cultura del PSOE, Cándida Martínez, y el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Óscar López.

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miércoles 16 de septiembre de 2009

Los profesores de madrid serán autoridad publica

Los profesores de los centros educativos madrileños tendrán condición de 'autoridad pública', según ha afirmado la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en el discurso inaugural del Debate sobre el Estado de la Región. Para ello se llevará a la Asamblea la Ley de Autoridad del Profesor, lo que reforzará al docente, de modo que las faltas contra ellos tengan una consideración más grave.

Tras conocer la propuesta de Aguirre, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha afirmado hoy que la propuesta de ley de la presidenta de la Comunidad de Madrid para otorgar a los docentes la condición de autoridad pública , como los jueces o inspectores de Sanidad, hay que contemplarla con "mucho cuidado" por las consecuencias penales que pueda tener. "No seré tan frívolo como para descalificar una propuesta que supongo que está llena de buena intención, pero yo creo que ha de hacerse con mucho cuidado para ver cuáles son las competencias de la comunidad para algo así como dotar de autoridad penal a los profesores", ha dicho en declaraciones a los medios.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y, en consecuencia, una agresión grave contra estos docentes puede ser calificada como delito de atentado contra la autoridad. Así lo estableció la FGE en una circular remitida en diciembre de 2008 a las Fiscalías de toda España, casi un año antes de la medida anunciada hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid

En la instrucción remitida el año pasado se aconsejaba a los fiscales considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves contra los médicos y profesores que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no en los concertados ni privados. La distinción se basa en que los empleados de las concertadas no tienen la condición de funcionarios públicos.

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