conferencia sectorial de educacion

En la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial de Educación, Gabilondo ha apuntado que el último año de la educación obligatoria (cuarto de ESO) tenga realmente un carácter "orientador", con dos perfiles para los estudios postobligatorios: uno de Bachillerato y otro de FP de grado medio, cuestión que requería una modificación normativa.

Quienes al terminar tercero de ESO no estén en condiciones de acceder a ninguna de estas opciones podrán optar entre repetir este curso, con los refuerzos pertinentes, cursar un programa de diversificación curricular o un Programa de Cualificación Profesional Inicial, con una duración de dos años.

La duración del Bachillerato (actualmente dos cursos) queda "reforzada" por la opción de orientación hacia este nivel de enseñanza del último curso de ESO, lo que permitiría que cumpla mejor sus funciones.

El documento con un centenar de medidas presentado hoy a las CCAA sugiere también el establecimiento de "convalidaciones recíprocas" entre las materias de Bachillerato y los módulos de FP para facilitar el cambio de opción de los alumnos que lo deseen.

Con vistas a la cohesión del sistema, habrá una evaluación externa, competencia del Instituto de Evaluación, en sexto de Primaria y tercero de ESO.

Anualmente habrá propuestas de medidas específicas para objetivos concretos vinculados a una memoria económica, con aportaciones del Gobierno central y de los autonómicos.

También ha defendido Gabilondo conseguir que los alumnos sigan formándose al menos hasta los 18 años, aunque no obligatoriamente, para que en 2020 el 85 por ciento de los jóvenes tenga un título que asegure su empleabilidad, de acuerdo con las recomendaciones de los estudios internacionales.

"Tanto los cambios normativos como en su caso las futuras modificaciones que se puedan derivar de las medidas acordadas en este Pacto Social y Político por la educación precisarán una mayoría parlamentaria de dos tercios", según indica el documento con un centenar de medidas concretas que Gabilondo ha presentado hoy a los consejeros autonómicos.

Esta propuesta de apoyo parlamentario es un gesto de "convicción y lealtad", ha dicho el ministro, así que se propone que los cambios normativos que se derivaran del pacto se realicen por este procedimiento.

Preguntado por si el texto recoge algún punto en relación con garantizar la enseñanza en castellano, no lo ha considerado imprescindible y se ha remitido al "pacto constitucional", lo que no impide que se vayan a evaluar los conocimientos de esta lengua.

Por su parte, el consejero de Educación murciano, Constantino Sotoca, que ha asistido a la reunión, ha señalado en un comunicado que "aún es pronto para hacer valoraciones", aunque ha reiterado la voluntad del Gobierno regional de "alcanzar un acuerdo que ponga en valor toda la educación de este país, siempre que se apoye en los tres pilares básicos que se plasman en las alegaciones hechas llegar al Ministerio".

Entre esas alegaciones se refirió a la mejora de la calidad de la educación, la vertebración del sistema, estableciendo unos contenidos comunes para todo el territorio, y el derecho constitucional de las familias a elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos.

Asimismo, ha indicado que "es necesario promover un nuevo modelo de formación profesional más flexible, que apueste por la formación a lo largo de toda la vida, con alta calidad tecnológica, y que sea capaz de responder a las necesidades del tejido productivo", así como potenciar las competencias lingüísticas.


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Universidades quiere que desde el 2011 los repetidores paguen más

La nueva financiación de las universidades pasará, entre otras cuestiones, por mejorar y ampliar el sistema de becas, así como por hacer que los repetidores paguen realmente una parte sustancial de lo que cuestan sus estudios.

Según la propuesta presentada ayer por el Ministerio de Educación y que debe ser consensuada en los próximos dos meses, a partir del curso 2011-2012 los alumnos que no compatibilizan los estudios con un trabajo tendrán que hacer un mayor desembolso por las segundas y sucesivas matrículas.

El objetivo es que en el 2015-2016 quien se matricule de una asignatura por primera vez sólo pague un 15% del coste medio de la enseñanza que recibe –porcentaje similar al aplicado actualmente–, mientras que aquellos que repitan una materia deberán hacerse cargo de la mitad del coste y, si vuelven a reincidir, ya tendrán que pagar el 100%.

En todo caso, el secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, insistió ayer en que la penalización de las matrículas para los repetidores no se aplicará hasta que "esté implantado" el nuevo sistema de becas.

Rubiralta evitó cuantificar en cuánto deben mejorar las ayudas a los estudios universitarios, tanto de grado como de máster, aunque sí vinculó este nuevo modelo a "la preocupación" expresada por los anti-Bolonia. Únicamente avanzó que no se trata sólo de ampliar la cantidad de beneficiarios sino de contar con "becarios reales", aquellos que reciben una ayuda significativa para poder hacer frente a los gastos de realizar estudios superiores.

En este "documento de reflexión", elaborado por una comisión integrada por representantes autonómicos, rectores, miembros del ministerio y expertos, se pone el acento en el desarrollo de ayudas como la beca salario, implantadas por primera vez este curso, cuyo importe ha de subir en seis años hasta los 7.000 euros. Habrá además incentivos económicos para los mejores estudiantes: un plus para los becarios que aprueben todos los créditos del curso, un premio para aquellos que reciben ayudas y alcancen una determinada nota media, así como la transformación de los créditos renta (a interés cero con carencia hasta que se tenga una renta mínima) en beca cuando se supere el curso con una determinada nota. Educación promete extender las becas de grado a los estudiantes que realicen un máster orientado al ejercicio profesional como las ingenierías.

Sobre la lucha contra el abandono de los universitarios, Rubiralta apostó por favorecer pasarelas con la FP, mediante el fomento de la "orientación y coordinación" entre ambos estudios.

El documento insiste en contar con una estabilidad económica. En cuanto a la eficiencia económica, la propuesta aborda el problema de las titulaciones muy minoritarias. Así, recomienda "reducir los costes de mantener la oferta docente excedente o no atender parte de las demandas".

También reclaman la "reducción" de la carga docente presencial, para adaptarse así al modelo pedagógico de los nuevos planes de estudio homologados con Europa. Además, exigen el "reconocimiento efectivo" de la actividad investigadora del profesorado.


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