Asociaciones de padres y educadores reclaman libertad para la educación sexual

Un total de 143 asociaciones denuncian que el Gobierno pretende, según recoge el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), enseñar en las escuelas "su moral sexual" y el aborto, lo que supone en su opinión "una intromisión clara del Estado".

Durante la presentación del manifiesto, que se titula «El derecho de los padres a decidir la educación sexual de sus hijos», la presidenta de España Educa en Libertad, Marisa Pérez Toribio, señaló que con las medidas que propone el Ejecutivo "se deja al margen a los padres y se pretende imponer la moral sexual y la ideología del Gobierno". "No nos oponemos a la educación sexual, pero no estamos dispuestos a dejar en manos del Estado este tipo de formación que, además, afecta a las condiciones morales", añadió Pérez Toribio.

Por su parte, el presidente de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera, apuntó que la intención de los poderes públicos "choca con la neutralidad de los colegios públicos y con el ideario de los privados y concertados". También el secretario general de Profesionales por la Etica, Fabián Fernández Alarcón, criticó la medida y añadió que "no corresponde al Estado determinar conforme a qué criterio ha de educar a los niños". "Se quiere enseñar a los niños qué es un aborto y que es un derecho suyo", denunció.

En el manifiesto, las entidades señalan que el capítulo educativo de la nueva legislación sobre aborto "es un paso más en el proyecto ideológico y cultural de transformación de la sociedad y que, como ya sucede con Educación para la Ciudadanía (EpC), vulnera de lleno el derecho de los padres". Asimismo, el documento se dirige a las administraciones educativas, a los padres, a los centros educativos con ideario propio y a los de la red pública para pedirles que "rechacen de plano la intromisión estatal en el ámbito de las libertades individuales".


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Educacion para la ciudadania

La regulación andaluza que desarrolla los contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (EpC) en la comunidad se ajusta a la legalidad y los contenidos de la materia no incurren en adoctrinamiento. Así lo afirma una sentencia del Tribunal Supremo hecha pública este miércoles, que rechaza otro fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avalaba la retirada de algunos puntos sobre identidad sexual y de género.

Según el texto de la sentencia, la asignatura no “persigue introducir una determinada ideología de género, vulnerando así el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos”, como apuntaba el fallo de la corte andaluza. “En realidad, lo que se pretende es comprobar el conocimiento y comprensión de los elementos que distinguen la condición de ciudadano en nuestro Estado social y democrático de Derecho y la consiguiente capacidad o aptitud para ejercerla respetando ese marco de convivencia”, apunta el nuevo texto judicial.

“Tales objetivos no puede decirse que desborden los límites de la intervención administrativa en la enseñanza ni que su ejercicio, referido a la difusión de los valores constitucionales, colisionen con el derecho a la libertad ideológica y religiosa”, añade el Supremo. No obstante, en su sentencia recuerda también que “tanto los proyectos educativos de cada centro, como los textos empleados y la actividad docente referida a la asignatura, deben eludir cualquier intento de adoctrinamiento”, y deben exponer los contenidos con “objetividad” y reflejando el “pluralismo social existente en el país”.

El fallo deja sin validez la sentencia del TSJA y recuerda a la corte regional que tanto la norma estatal como la autonómica se han desarrollado dentro de la Ley Orgnánica de Educación (LOE), cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada. En febrero de 2009 el Supremo ya se pronunció también a favor de la norma estatal.


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