Asociaciones de padres y educadores reclaman libertad para la educación sexual

Un total de 143 asociaciones denuncian que el Gobierno pretende, según recoge el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), enseñar en las escuelas "su moral sexual" y el aborto, lo que supone en su opinión "una intromisión clara del Estado".

Durante la presentación del manifiesto, que se titula «El derecho de los padres a decidir la educación sexual de sus hijos», la presidenta de España Educa en Libertad, Marisa Pérez Toribio, señaló que con las medidas que propone el Ejecutivo "se deja al margen a los padres y se pretende imponer la moral sexual y la ideología del Gobierno". "No nos oponemos a la educación sexual, pero no estamos dispuestos a dejar en manos del Estado este tipo de formación que, además, afecta a las condiciones morales", añadió Pérez Toribio.

Por su parte, el presidente de la Fundación Educatio Servanda, Juan Carlos Corvera, apuntó que la intención de los poderes públicos "choca con la neutralidad de los colegios públicos y con el ideario de los privados y concertados". También el secretario general de Profesionales por la Etica, Fabián Fernández Alarcón, criticó la medida y añadió que "no corresponde al Estado determinar conforme a qué criterio ha de educar a los niños". "Se quiere enseñar a los niños qué es un aborto y que es un derecho suyo", denunció.

En el manifiesto, las entidades señalan que el capítulo educativo de la nueva legislación sobre aborto "es un paso más en el proyecto ideológico y cultural de transformación de la sociedad y que, como ya sucede con Educación para la Ciudadanía (EpC), vulnera de lleno el derecho de los padres". Asimismo, el documento se dirige a las administraciones educativas, a los padres, a los centros educativos con ideario propio y a los de la red pública para pedirles que "rechacen de plano la intromisión estatal en el ámbito de las libertades individuales".


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toda la educacion puede ser gratuita en la comunidad de madrid

El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, se ha comprometido a hacer gratuito, si gobierna la Comunidad de Madrid a partir de 2011, todo el servicio educativo, incluyendo los libros de texto y materiales curriculares, así como las escuelas infantiles de niños de edades comprendidas entre los cero y 3 años.

Durante el Comité Regional del PSM, Gómez presentó la que será su "primera iniciativa de Gobierno": una Ley integral para la mejora educativa, que contempla la gratuidad total de la enseñanza en un plazo de 5 años.

"Vamos a realizar una auténtica revolución educativa en Madrid y vamos a dar un paso de gigante en los niveles de calidad de la educación. Vamos universalizar y hacer gratuita la educación de 0 a 3 años, porque la educación se inicia cuando uno nace y no termina nunca (...) pero también porque significa la conciliación de la vida laboral y familiar de miles de familias", explicó Gómez.

El líder de la oposición recordó que hoy en Madrid las guarderías son los abuelos y la crisis económica lleva a que muchos padres tengan que sacar a sus hijos de las guarderías porque son caras y no pueden hacer frente a los gastos debido a su situación económica. "Y una vez que han sacado a los chicos, se hace mucho más difícil la inserción laboral de los dos miembros de la pareja en el mercado laboral", lamentó.

Por ello, apostó por universalizar en un plazo de 5 años desde que llegue al Gobierno regional la educación infantil y modernizar el sistema actual.

Así, se comprometió a que todo alumno madrileño sea bilingüe al término de su ciclo educativo; reforzar la figura del profesor en cuanto a su prestigio social y convertir las universidades madrileñas en el principal factor de innovación en el nuevo modelo productivo.

Asimismo, el PSM prevé reforzar y cambiar la Formación Profesional (FP), que es para Gómez "la gran asignatura pendiente en Madrid". "Haremos una FP en la que tendrán participación los ayuntamientos de la región y habrá convenios de colaboración con las empresas para que puedan hacer prácticas los alumnos y se produzca la contratación en los últimos años de formación", auguró, al tiempo que puso como ejemplo el modelo de formación profesional de países como Alemania o algunas comunidades como Euskadi.

Para realzar la autoridad del profesor, su prestigio y su autoridad, Gómez limitará el número de alumnos por aula. "Comprometemos que cuando gobernemos no habrá más de 25 alumnos por aula. Estableceremos programas de refuerzo y de apoyo, ampliando el horario lectivo para reducir el fracaso escolar que es excesivo en esta Comunidad y modernizaremos la red de centros para convertir la red de centros públicos en centros ejemplares, centros dotados de instalaciones deportivas, con construcción de piscinas cubiertas en varios centros por distrito escolar", planteó.

Asimismo, los socialistas se proponen atender la diversidad, distribuyendo a los alumnos de forma eficaz para su mejor formación y emprender acciones especiales para alumnos con necesidades especiales y de altas capacidades. Se creará además un Instituto de formación del profesorado y se desarrollará el Observatorio para la convivencia escolar.


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sentencia en educacion para la ciudadania

La asignatura de Educación para la Ciudadanía no se podrá dar en inglés, ni aprobar con un trabajo y tampoco ser rechazada por los padres mediante la objeción de conciencia. La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado los puntos más polémicos sobre la impartición de esta materia planeados por la Generalitat Valenciana.

De este modo, la justicia tumba una de las decisiones más polémicas del Gobierno valenciano (PP), que habían recurrido los sindicatos CCOO y la Abogacía del Estado. Éstos últimos, igual que un amplio sector de la comunidad educativa valenciana, entendían que la norma buscaba boicotear la asignatura por motivos ideológicos y veían fuera de la ley la posibilidad de darla en inglés.

Los magistrados consideran que esos artículos son contrarios a derecho y, sobre el primero de los recurridos, señalan en la sentencia que presenta una motivación "confusa, contradictoria e incongruente" para argumentar la necesidad de que la asignatura se impartiera en inglés en los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Este giro en los acontecimientos afectará ineludiblemente al desarrollo de las clases el próximo curso en la Comunitat Valenciana, ya que la asignatura se impartirá en 5º de Primaria y 2º de ESO. En este último curso, los institutos han utilizado dos profesores por aula, y los que no han tenido medios materiales la han dado en castellano o valenciano gracias a una moratoria de la Conselleria.


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